El régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre Nación y provincias, incluido en el presupuesto 2026, ya tiene un año de vigencia. Dieciocho gobernadores adhirieron al sistema, que permite cancelar deudas mediante bienes nacionales como tierras, empresas o rutas. El presidente Javier Milei lo presentó como un paso hacia el “verdadero federalismo”.
Cinco provincias ya firmaron convenios bilaterales con el Ministerio de Economía. Tucumán, bajo la gestión de Osvaldo Jaldo, suscribió una adenda que establece cómo se cancelarán sus obligaciones. Chaco, Chubut, Catamarca y La Pampa también avanzaron con acuerdos concretos.
¿Cómo funciona el régimen?
El decreto 969/2024 creó un sistema opcional. Si la deuda favorece a Nación, se descuenta de la coparticipación. Si la provincia tiene saldo a favor, puede recibir activos como fábricas, rutas o tierras. Córdoba, por ejemplo, podría quedarse con la planta de aviones Fadea, aunque debería financiar su mantenimiento.
El Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, principal fuente de deuda, se extinguió en gran parte. Sin embargo, la deuda de la Anses con las cajas previsionales no transferidas sigue sin resolverse. Trece provincias reclaman esos fondos, y algunas acudieron a la Corte Suprema para cobrar lo que les corresponde.
