El martes 2 de septiembre, el tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump no podrá utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos. El fallo, emitido por el Quinto Circuito, representa un golpe significativo a la política migratoria de la administración, que buscaba acelerar expulsiones bajo un estatuto de guerra del siglo XVIII.
La decisión se tomó por mayoría de 2 a 1 entre los tres jueces del panel, quienes concluyeron que no existe evidencia de una “invasión o incursión depredadora” por parte de una potencia extranjera que justifique el uso de dicha ley. Los migrantes habían sido acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal con origen en Venezuela.
La Corte frena una herramienta de deportación masiva
La Ley de Enemigos Extranjeros, raramente invocada, permite al presidente actuar contra ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra. Sin embargo, el tribunal aclaró que no se puede aplicar sin pruebas concretas de amenaza militar. En abril, la Corte Suprema ya había bloqueado temporalmente deportaciones similares mientras se resolvían demandas en tribunales inferiores.
Lee Gelernt, abogado de la ACLU, celebró el fallo como “una enorme victoria para el estado de derecho”. Según Gelernt, el presidente no puede declarar una emergencia militar arbitraria para acceder a poderes extraordinarios. Además, los jueces señalaron que esta decisión no impide al gobierno utilizar otros mecanismos legales para expulsar a personas vinculadas al terrorismo.

Operativo militar contra el Tren de Aragua en el Caribe
Mientras se conocía el fallo judicial, Trump difundió imágenes de un operativo militar en el Caribe contra una embarcación del Tren de Aragua. El ataque, ordenado por el presidente, resultó en la muerte de 11 presuntos narcoterroristas. Según el mandatario, el grupo está vinculado al régimen de Nicolás Maduro y es responsable de crímenes graves en el hemisferio occidental.
El operativo fue ejecutado por el Comando Sur en aguas internacionales. Aunque no se revelaron detalles técnicos, Trump advirtió que cualquier intento de traficar drogas hacia Estados Unidos será enfrentado con fuerza. Por otro lado, el fallo judicial pone límites claros al uso de leyes de guerra en el ámbito migratorio.
Migración, seguridad y límites legales
Este caso marca un precedente importante sobre cómo los tribunales interpretan el uso de poderes presidenciales en materia migratoria. Además, evidencia la tensión entre seguridad nacional y derechos legales de los migrantes. La Ley de Enemigos Extranjeros, aunque vigente, no puede ser aplicada sin fundamentos sólidos.
La administración Trump enfrenta ahora el desafío de reformular sus estrategias migratorias dentro del marco legal. Mientras tanto, organizaciones como la ACLU continúan vigilando el uso de herramientas excepcionales que podrían vulnerar derechos fundamentales.