La organización Amnistía Internacional volvió a poner en foco la situación de derechos humanos en Xinjiang, China, denunciando la persistente impunidad por crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades musulmanas como los uigures y kazajos. El comunicado fue emitido este jueves, tres años después del histórico informe de Naciones Unidas que documentó violaciones sistemáticas en la región.
Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China, criticó duramente la inacción global: “Es vergonzosa la falta de respuesta de la comunidad internacional”, afirmó. Además, subrayó que la represión continúa arruinando vidas, separando familias y desmantelando comunidades. La organización exige que los Estados actúen conforme a las recomendaciones de la ONU y aumenten la presión sobre el régimen chino.
La región de Xinjiang, ubicada en el noroeste de China, alberga a unos 10 millones de uigures, principalmente en el sur. Según Amnistía Internacional, estas comunidades viven bajo una férrea represión. El informe de la ONU de 2022 reveló evidencias creíbles de detenciones arbitrarias, abusos y violaciones sistemáticas, lo que llevó a múltiples organizaciones a reclamar sanciones internacionales.
Por otro lado, familiares de detenidos denuncian que la falta de repercusión ha impedido avances concretos. Patime, una de las afectadas, expresó su decepción: “Esperábamos sanciones reales, no silencio”. Su testimonio refleja el sentimiento de abandono que persiste entre los sobrevivientes.
Testimonios que exigen justicia y reparación
Mamatjan Juma, cuyo hermano Ahmetjan permanece encarcelado, relató el dolor de vivir con incertidumbre: “No sé si está vivo. Su hijo creció sin él. Todos cambiamos”. Estos relatos humanizan una tragedia que sigue sin respuesta efectiva.
Amnistía Internacional instó a la ONU a actualizar públicamente el informe y reforzar sus mecanismos de vigilancia. También pidió a los Estados miembro condenar explícitamente las violaciones y establecer un mecanismo internacional independiente para investigar y exigir responsabilidades.
Trabajo forzado y presión internacional
En paralelo, Estados Unidos anunció nuevas revisiones sobre importaciones chinas vinculadas al trabajo forzado, especialmente en sectores como el acero, litio y dátiles rojos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que se buscará responsabilizar a las empresas chinas por prácticas esclavistas.
Sin embargo, el régimen chino niega las acusaciones y rechaza cualquier señalamiento. Mientras tanto, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia. La comunidad internacional enfrenta el desafío de actuar con firmeza para evitar que el informe de la ONU quede olvidado en un cajón.
