La precariedad laboral se arraigó profundamente en el mercado de trabajo tucumano, dejando a una vasta porción de la fuerza laboral desprotegida y al margen de los derechos y beneficios que consagra la legislación. La falta de formalidad en el empleo no es una mera estadística; es la cruda realidad que enfrentan miles de familias, quienes día a día desarrollan sus actividades sin la seguridad social, las coberturas de salud o la estabilidad que ofrece un puesto de trabajo registrado. Esta situación de desregulación no solo socava la calidad de vida de los trabajadores, sino que también debilita el tejido socioeconómico provincial, perpetuando ciclos de vulnerabilidad y limitando el acceso a un desarrollo pleno y equitativo.
Un informe técnico elaborado por la Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), en colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), reveló datos alarmantes sobre este fenómeno. Durante el primer trimestre de 2025, la tasa de empleo informal en el aglomerado Gran Tucumán – Tafí Viejo alcanzó un preocupante 59,7%, considerando todas las categorías ocupacionales, incluyendo patrones, trabajadores por cuenta propia, asalariados y trabajadores familiares sin remuneración. Esta cifra, aunque representa una ligera baja respecto al 61,9% registrado en el cuarto trimestre de 2024, subraya la persistencia de un problema estructural en la región. Específicamente para los asalariados, la tasa de informalidad fue del 50,8% en el primer trimestre del año.

Al desglosar la composición de esta informalidad, el documento destaca que los asalariados constituyen la mayor proporción de ocupados informales, con un 61,7%. Les siguen los trabajadores por cuenta propia, con un 32,3%, mientras que los patrones representan el 2,5% y los trabajadores familiares sin remuneración un 3,5%. Es importante señalar que «los trabajadores familiares sin remuneración son informales en todos los casos, debido a las características de su inserción laboral».
El análisis por rama de actividad es aún más revelador y confirma una concentración del empleo precario en sectores específicos. «Del total de los ocupados informales, el 52,5% se concentra en tres ramas de actividad: el 29,4% en el comercio, el 11,0% trabaja en construcción y el 12,1% en servicios domésticos». Además de estos, el informe menciona un 7,9% de ocupados informales en hoteles y restaurantes, un 8,0% en la industria manufacturera y un 8,7% en otros servicios comunitarios, sociales y personales.

La caracterización de la población ocupada informal por sexo y edad muestra que «las tasas de informalidad más altas se ubican entre las mujeres de 30 a 64 años, con 30,0% y entre los varones del mismo grupo etario, para quienes la tasa se muestra en 35,0%». En cuanto al nivel educativo, se observa que una parte significativa de los ocupados informales no posee estudios superiores: el 14,6% tiene primario completo, el 27,2% secundario incompleto y el 29,4% secundario completo. Aquellos con nivel superior o universitario incompleto representan el 16,4%, y con nivel superior o universitario completo, el 7,5%.
Respecto a la intensidad de la ocupación, se verifica que el 21,9% de los informales son subocupados (trabajan menos de 35 horas semanales y buscan trabajar más), el 51,7% son ocupados plenos y un 23,9% son sobreocupados (trabajan más de 45 horas semanales). La calificación ocupacional también arroja luz sobre esta realidad, destacando que «el grupo de los operativos es el que más abarca a los ocupados informales, con el 54,5%. Luego, continua los ocupados informales no calificados en 31,0%, los técnicos a 11,5% y finalmente el profesional correspondiéndole 2,8%».

Por último, el lugar principal de trabajo de los informales también es diverso. El 38,9% se ubica en un local o puesto fijo, el 15,8% trabaja en una vivienda sin lugar exclusivo y el 16,4% lo hace en la vivienda del patrón o cliente. Un 8,7% se desempeña en locales no fijos o de manera ambulante.
Estar al margen de las normas que las regulan implica para estos trabajadores dependientes la ausencia de leyes que protegen su relación laboral, y para los independientes, la falta de cumplimiento de obligaciones tributarias, contables y previsionales ligadas a su actividad económica. Las repercusiones se extienden desde la imposibilidad de acceder a un sistema jubilatorio digno hasta la desprotección ante accidentes laborales o enfermedades, configurando un panorama de profunda incertidumbre y fragilidad.
Estos datos, obtenidos a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, reflejan la complejidad y la magnitud de la informalidad laboral en Tucumán, un desafío que demanda políticas públicas integrales para garantizar derechos y oportunidades a todos los trabajadores de la provincia.