La justicia tucumana condenó a Antonio Sebastián Coronel (30) y Jorge Gustavo Gómez (48) por su participación en una organización criminal dedicada a cometer estafas millonarias en el sur de la provincia. Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2023 y febrero de 2025, y generaron un perjuicio económico superior a los $170.000.000.
La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, dirigida por Diego Hevia, presentó dos acuerdos de juicio abreviado. Los imputados admitieron su responsabilidad en ocho hechos delictivos, lo que permitió avanzar con las condenas. Coronel recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que Gómez fue sentenciado a tres años y diez meses.
Empresas fantasmas y cheques sin fondos: el modus operandi
La banda estaba compuesta por tres integrantes. El líder, actualmente con prisión preventiva, seleccionaba a las víctimas y pactaba compras de maquinaria, insumos agrícolas y otros bienes. Utilizaban comprobantes falsos, cheques físicos y electrónicos emitidos por empresas inexistentes.
Coronel era quien se presentaba en los comercios como comprador, mientras que Gómez se encargaba del transporte de la mercadería. Además, contaban con una estructura logística que incluía vehículos, depósitos y al menos 11 líneas telefónicas para operar.
Ocho hechos de estafa: víctimas en toda la provincia
Las estafas se extendieron por distintas localidades de Tucumán. Entre los casos más relevantes se encuentran:
- Compra de una cisterna por $5 millones con cheques sin fondos.
- Adquisición de materiales de construcción en Monteros por $17.785.000.
- Estafa a una empresa agrícola en Concepción por $20 millones.
- Simulación de ser contratistas para comprar aires acondicionados en San Miguel de Tucumán.
Por otro lado, se detectaron maniobras similares en Aguilares, Cruz Alta y otros puntos del sur provincial. Las víctimas fueron engañadas mediante promesas de pago que nunca se concretaron.
Justicia y condena: cierre a una investigación compleja
Gracias al trabajo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), se logró acreditar la existencia de una asociación ilícita con capacidad operativa. La investigación permitió identificar patrones, rastrear comunicaciones y reconstruir el circuito de las estafas.
Además, el uso de juicio abreviado agilizó el proceso judicial y permitió aplicar penas efectivas. La condena representa un paso importante en la lucha contra el fraude comercial en la región.
